Embarguemos a los políticos, señor Montoro

Antigua cárcel de Oviedo. (Fotografía Google Earth)

Don Cristóbal Montoro dio uno de los titulares del día de hoy en la prensa, al anunciar sanciones penales para los malos gestores políticos.

Ni que decir tiene que la idea gustó tan poco entre los miembros de la casta como mucho entre los ciudadanos de a pie.

Es muy larga la trayectoria de los políticos (por no remontarnos a los reyes) que han arruinado a un país y en España tenemos una larga experiencia de malos gobernantes que nos llevan a la ruina. 

Vamos a prescindir de las patochadas de Patxi López, por poner un ejemplo y centrarnos en la cuestión. Hoy sufrimos el desastre de obras faraónicas, de aeropuertos fantasmas, de obras públicas y edificios públicos que dispararon sus costes. Si lleváramos a los tribunales esos actos, aparte de una barrera que lo impide en este momento que mencionaré luego, en principio, las posibilidades de llevar a buen puerto la querella son escasas, salvo que se demostrara que el político se embolsó fondos públicos. 

Para promover el desarrollo o atraer turismo, un político tiene que poner en marcha ideas que apuesten por abrir canales favorables para la gestión privada. La idea puede salir bien o no; pero si el Gobierno de una Comunidad o de España, deciden invertir en un aeropuerto, encargan estudios de mercado y reciben informes que muestran un razonable índice de probabilidades de que el aeropuerto favorezca el desarrollo, atrayendo compañías, turistas, favoreciendo el comercio de la Comunidad con una flota de carga, por ejemplo, que transporte con ventaja sus productos, no podrá ser encausado por el hecho de que fallaran las previsiones. Ningún juez condenaría al Presidente de Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, por el aeropuerto de Ciudad Real. 

Sí existirían muchas posibilidades de encausar a políticos que donan grandes sumas a proyectos que en nada favorecen a nuestro país y no ofrecen un sesgo claro de luchar contra un azote como el hambre o las enfermedades en un área geopolítica concreta. Pienso, por ejemplo, en la famosa y reciente donación de la señora Jimenez para resolver los conflictos con los hipopótamos en Guinea Bisau por importe (en números redondos) de 300.000 €.

En cualquier circunstancia; pero más en las actuales, la lista de donaciones y la fecha en que se aprueban, presentan indicios muy razonables de malversación de caudales públicos. En este caso la querella podría prosperar.

¿Por qué no la he presentado ya? Porque hay una ley, la 30/92 que complica mucho las cosas. En la regulación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, se establece que todo daño que sufra un particular en sus bienes o derechos, que no se vea obligado a soportar por imperativo legal con motivo del funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública, genera una acción para él de resarcimiento y la Administración causante del daño estará obligado a indemnizarlo, incluyendo los daños morales, siempre que sea evaluable económicamente. Pero...

Están excluidos de la acción de responsabilidad los actos políticos y de gobierno. 

Y en virtud de esta norma, como el Ordenamiento Jurídico es único, los políticos no pueden ser demandados por los daños que causen, no sólo en la vía contencioso-administrativa, sino tampoco en la penal, cuando su actuación sea un acto político y de gobierno. 

¿Qué pretende Montoro? Dado que se ha elevado a rango constitucional la norma de respetar la Ley de Presupuestos, introduzcamos un artículo en la Ley de Transparencia que declare delito el incumplimiento de esa Ley. Luego se traslada ese precepto al Código Penal y a partir de ese momento, los políticos responderán, si se incurre en el tipo penal, cárcel para el manirroto.

Eso está muy bien; pero a mí me gustaría más que esa reforma alcanzara también la eliminación de la exclusión de los actos políticos y de gobierno en la 30/92; porque eso nos abriría, por ejemplo, un campo inmenso para fiscalizar las actuaciones políticas que incurran en desviación o abuso de poder, tan frecuentes en el anterior Gobierno.

Así pues, ojalá lo hagan y lo hagan pronto y bien, para poder demandar a Doña Trini, al señor Sebastián y al resto de la camarilla por los desmanes del final del ejercicio, la disposición rayana en lo ilegal de fondos que no tenemos; porque lo bueno de la RPAP es que aunque el Estado pague, se puede interponer una acción posterior de resarcimiento que obligue al causante del daño, cuando incurrió en negligencia o ilegalidad, a resarcir al Estado de lo pagado. 

¿No sería maravilloso embargar al anterior Gobierno?

La trastienda de la crisis del pepino

Cornelia Prüfer-Storks (EFE para La Razón)

La responsable de sanidad de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storks, fue quien desencadenó la «crisis del pepino» al atribuir a los pepinos importados de Almería la infección por Escherichia coli que estaba causando un brote epidémico en la ciudad.

Ante la aparición de los síntomas de una epidemia, se ordenó tomar una muestra de productos susceptibles de ser portadores. Se cogieron de forma aleatoria cuatro pepinos. Todos ellos estaban contaminados. La curiosidad es que de esos cuatro ejemplares, tres procedían de España y uno de Holanda. Ese dato debió aconsejar cautela; pero se optó por transmitir en una rueda de prensa que la causa de la epidemia eran pepinos contaminados procedentes de Andalucía.

Hoy ha quedado demostrado que no era cierto, que el bacilo que se encuentra en las heces de los enfermos es una variedad común en el norte de Europa, rara en España y que no corresponde a la que se detectó en esos cuatro pepinos de la muestra.

A estas alturas, la exculpación no impide que el cierre de mercados europeos como el alemán, el belga, el del Reino Unido, el austriaco o el ruso, hayan supuesto graves pérdidas para los productores y perjudicado el prestigio de nuestros productos.

No vamos a entrar en la penosa reacción de nuestro Gobierno. Damos por descontado que, si estamos en manos de Rosa Aguilar, Leire Pajín, Trinidad Jiménez, el desaparecido Zapatero y el muy ocupado Rubalcaba, toda esperanza de una protesta enérgica e inmediata que hiciera recular a los alemanes es ilusoria.

Lo relevante de este asunto es lo que está tras la precipitada denuncia: la guerra en el mercado de productos hortofrutícolas. 

España es un gran competidor para los países del norte. Tiene capacidad para producir grandes cantidades de hortalizas y verduras en sus invernaderos, mediante la conjunción de varios factores: un clima benigno, de inviernos suaves en el Mediterráneo, que proporcionan suficiente insolación a las plantaciones para lograr cosechas en pleno invierno, unas condiciones climáticas, en especial una insolación potente y prolongada que genera sabores más intensos y complejos en las hortalizas y frutas y un riesgo casi nulo, como ocurre en el norte de Europa, de que los fríos vientos del norte, si no arruinen la cosechas, adelanten el final del verano en perjuicio de los cultivos de huerta, sumado a una capacidad añadida de competir en precios con los productores centro y norte europeos.

En primavera se desatan siempre estas guerras. Los países del sur consiguen la cosecha en sazón antes que los del norte, inundan sus mercados de productos de gran calidad, más baratos y más precoces que los autóctonos y los campesinos locales se resienten de esa competencia.

No es extraño, por lo tanto, que a la menor oportunidad de frenar la competencia, se aproveche a toda prisa sin ninguna reserva. Por ese motivo, es importante que la política del Gobierno, más que a proporcionar ayudas, se oriente a generar las condiciones más favorables para que los agricultores españoles acometan labores de infraestructura adecuada para afrontar con éxito los reveses que deriven de esas guerras y se minimicen los daños cuando un episodio como el que marcó esta crisis consiga una victoria transitoria que les cause grandes pérdidas.

España repatriará cuatro mil refugiados egipcios huidos de Libia

MinisTrini al rescate. Fotografía 'La Razón'

El título de la entrada reproduce la noticia que ofrecen hoy numerosos diarios españoles. España lo hará. ¡Porque ella lo vale!

Hagamos historia sobre la eficiencia de nuestro gobierno. El día 16 de febrero de los corrientes, comienzan las revueltas en Libia. Hay numerosos españoles trabajando en las explotaciones petrolíferas de ese país y en otras empresas. Son un centenar, en números redondos.

El día 18 de febrero, ya se había extendido la revuelta a las ciudades más importantes del país. Se cifra en ochenta el número de ciudadanos libios muertos en la brutal represión de las reivindicaciones.

El día 21 de febrero, había un centenar de españoles atrapados en el aeropuerto de Trípoli. Llevaban en él veinticuatro horas, sin comida ni auxilio diplomático. Algunos se habían dirigido a la embajada española para que les informara de las medidas que habían adoptado para sacarles de allí. La embajada responde que no es necesario, que no hay ninguna necesidad de abandonar el país.

Ese día, Repsol YPF, la empresa petrolífera española que opera en Libia, fleta un primer avión para sacar del país a sus trabajadores y se trae a todos los que puede, de paso, aunque no sean empelados suyos.

El día 23 de febrero, otro grupo de españoles logra abandonar Libia a bordo de un Hércules de las fuerzas aéreas portuguesas y un segundo grupo es repatriado en el segundo vuelo que fleta Repsol para completar la evacuación de sus trabajadores. También logra abandonar el puerto de Trípoli un carguero español atrapado allí, que acoge a algunos españoles más que están buscando con desesperación cualquier medio para escapar de allí.

El día 25 de febrero el Gobierno de España envía un Boeing 707 de la fuerza aérea española, para que repatrie a cuarenta españoles más. Nuestra inefable ministra de Asuntos Exteriores, doña Trinidad Jiménez, dijo, ante las críticas por la tardanza en enviar ese avión, que lo habían mandado antes, pero que quedó retenido porque había ciertos problemas burocráticos. No sé que es peor: la injustificable tardanza del gobierno en enviar el avión para rescatar a los españoles, si la incompetencia de nuestro Ministerio de Exteriores para negociar con Libia la evacuación inmediata.

Y hoy nuestra minisTrini, lady sonrisas y abrazos, nos cuenta la conmovedora historia de que unos aviones que partirán de Torrejón de Ardoz, base de las Fuerzas Aéreas militares 'destepaís' (por cierto, un aparato alquilado a la compañía rumana 'Tran Air') partirá para Libia, cargado con ayuda humanitaria. Le seguirá otro dos, que partirá el jueves de esa base, con idéntica estrategia: irá cargado de ayuda humanitaria y una vez que descargue, se encargará de transportar egipcios a su país.

Detalle importante: MinisTrini estuvo hoy en Torrejón para despedir (no sabemos si agitando el pañuelo) el Boeing y lo hará también el próximo jueves. ¡No me digan que no es tierna la dama!

Uno se asombra de la súbita eficiencia: hace una semana eran incapaces de rescatar un centenar de españoles y ahora van a trasladar con dos aviones viejos a cuatro mil egipcios para devolverlos a su hogar en un abrir y cerrar de ojos.

Claro que si se lee la noticia, aparece la explicación. Francia ya ha enviado aviones, participará el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU y Cruz Roja Internacional. 

Recemos con el máximo fervor para que los MD 82 que alquilamos a Rumanía no tengan ningún accidente. Solo eso nos faltaba a los españoles para morir de vergüenza de forma definitiva.

Embajadores en misión especial

Trinidad Jiménez (El Confidencial)

Soy asidua seguidora del blog 'Crónicas de un Diplomático Jubilado' de Inocencio Arias. Me encanta su estilo y sus análisis. Su condición de embajador ofrece un enfoque diferente al que se puede encontrar en los columnistas cuando aborda noticias internacionales y disfruto mucho cuando (pocas veces) cuenta entresijos de su experiencia o de su profesión en general.

Quizás por eso llamó mi atención la noticia que trae hoy 'El Confidencial' sobre el esperpento de los nombramientos de los diplomáticos que han concluido sus misiones. 

No es nuevo que cada gobierno ha colocado a personas que no pertenecen a la carrera diplomática en cargos relevantes en este ámbito; pero lo usual era que esos nombramientos 'políticos' recayeran en personas de prestigio. En el reino Z se nombró a un sindicalista como embajador en Cuba, a un ex alcalde de La Coruña para la Santa Sede, ejemplos del nivel de prestigio de los diplomáticos 'políticos' que nombra este gobierno. Son tantos que no hay sitio para los diplomáticos de carrera y como estos ganan esa condición mediante oposición y no pueden echarlos, hay que exprimir la imaginación.

A don Manuel Salazar le ha alcanzado la imaginación trinitaria y me imagino que estará que echa las muelas ante el ridículo y pomposo nombre de la misión que se le ha encomendado: 'Embajador especial para la gobernanza'. No tiene ninguna importancia, es un cargo ficticio, vacío de contenido, para el que no van a proporcionarle recursos ni medios. Aún así, tiene que doler entregar a alguien una tarjeta con su cargo actual. ¿O no?

El problema es que en este momento tenemos treinta y tres (33) diplomáticos en este tipo de misiones. El señor Salazar, terminada su última misión en Croacia, debería ocupar un puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, como el resto de los comisionados hasta que surja un nuevo destino; pero esos puestos están ocupados por cargos de confianza de la santísima Trinidad y no va a permitir que entre gente que compita con los 'suyos'.

Así está nuestra política exterior: dirigida por un iluminado, con doña sonrisas y abrazos como brazo ejecutor de la labor de desprestigio constante, sin otro criterio que «la voz de su amo», incapaz de reaccionar ante las complicadas situaciones que estamos viviendo.

El señor Salazar y sus compañeros pueden sentirse confortados: pudo ser peor; pero que se preparen los que vengan detrás; porque acabaremos teniendo embajadores en misión especial para asuntos chacineros o de «ratones coloraus». El nepotismo de este gobierno garantiza ese futuro.