La berrea de la pre campaña electoral tiene la Sanidad como estrella. Los ciudadanos mostramos una gran sensibilidad ante este tema y la crisis amenaza una estructura vital para todos nosotros. Es lógico que los aspirantes a gobernar nos hagan mil promesas de mantener las prestaciones tal como las conocimos.
Yo considero que ni unos ni otros nos cuentan la verdad. La Sanidad está en números rojos por muchas razones, empezando por la falta de gobierno efectivo a partir de 2004, la crisis, la transferencia de competencias a las autonomías y otras mil razones. Sin embargo, hay otras razones que nadie menciona, que resultan claves y tienen difícil solución.
Es cierto que la fragmentación causada por las transferencias supone un problema; porque no es lo mismo comprar para todos los hospitales y centros de Salud de España, que para los de una autonomía. Los descuentos serán siempre más sustanciosos cuando se solicitan cien millones de unidades de un producto que cuando se piden cien mil. Es cierto que el sostenimiento de una estructura tan costosa requiere una base de aportación de recursos lo más amplia posible. Podemos enunciar otros mil aspectos que lastran la Sanidad, incluso en el caso de que se devolvieran las transferencias y se centralizara todo en el Ministerio de Sanidad.
No lo haré por dos motivos: uno el respeto a la atención que demando, procurando que sea lo más breve que quepa esta entrada y otro, mucho más importante, que no conozco lo bastante la estructura del sistema para poder ofrecer un análisis exhaustivo. Voy a centrarme en un aspecto que nadie menciona y que es clave, desde mi punto de vista, para enfocar bien el problema que entraña el control del coste de la gestión sanitaria.
Permítamne abordar la cuestión exponiendo una vivencia personal. A finales de junio de este año sufrí un episodio de diverticulitis (ya tuve otro hace años). Cuando me dieron el alta en el hospital, el médico que me tenía a su cargo me emplazó para una revisión a finales de julio y me anunció que tendrían que hacerme una colonoscopia cuando la larga lista de espera me encontrara un hueco. Fui a revisión a finales de julio y volvió a decirme que tenía que hacerme una colonoscopia. En ningún momento se habló de otra prueba.
A mediados de agosto me llaman para decirme que el uno de septiembre tengo una cita para un escaner. Pregunto que si no hay un error, mi médico no había mencionado esa prueba. Me dicen que no saben nada, solo que tienen que citarme.
Pocos días después recibo una carta citándome para la colonoscopia. El día señalado me presento para que me hagan el escaner. En marzo tendré que hacer la colonoscopia.
En principio, una u otra prueba deberían estar condicionadas a los resultados que arroje la primera que se hace. Parece una aberración que, tras un escaner, salvo que aparezca en él algo inquietante, se haga una colonoscopia. Parece un despilfarro de recursos que clama al cielo en todo caso; pero más en tiempos en los que la Sanidad sufre una crisis tan grave.
La realidad es que, desde el punto de vista de los médicos no hay otra opción que pautar todas las pruebas posibles por algo tan simple como el miedo. Un traumatólogo me contaba en una ocasión la tensión en que viven en su especialidad, extensible a todas. Le llega a las tres de la mañana un individuo, que ha bebido en exceso, ha sufrido un gravísimo accidente conduciendo borracho y le llega «en trozos» a la mesa de operaciones. Le recompone, logra salvarle y cuando termina el proceso de curación de quién, en principio, tenía pocas posibilidades de sobrevivir, se encuentra con una demanda por daños, porque ha perdido un veinte por ciento de movilidad en su muñeca izquierda.
Las demandas a la Sanidad pública (me consta por experiencia profesional) están a la orden del día. Los hospitales públicos, como órganos de la Administración, están sometidos al principio de Responsabilidad Patrimonial y aunque el médico no sufra en su patrimonio; porque es el Estado el responsable de indemnizar, no por eso queda libre de ir al juicio, luchar por demostrar que no hubo negligencia ni mala práxis y pasar el mal trago del juicio y de la (casi inevitable) condena a la Administración.
Eso hace que todos los médicos de todos los servicios públicos, vivan en una zozobra constante. Su objetivo es que nadie pueda acusarles de que no agotaron los recursos que la técnica pone a su servicio para excluir cualquier problema.
En consecuencia, aunque el escaner (o cualquier otra prueba) no muestre ninguna patología, pedirán más pruebas, todas las posibles, para cubrirse las espaldas y, en el caso de que surja una complicación inesperada, poder presentar ante los jueces pruebas incontestables de que, tras examinar al paciente con todas las herramientas posibles, el problema que afloró más tarde no existía cuando le estudiaron.
Este es el gran problema de la Sanidad Pública, lo que impele a los médicos a hacer pruebas en serie, algunas de alto coste, para protegerse de las denuncias de los pacientes. Es justo y necesario que el paciente sea resarcido por las secuelas que pueda sufrir cuando el error médico le condena a un daño que no debió producirse; pero es igual de cierto que la generalización de las demandas y la tendencia de los jueces a otorgar elevadas indemnizaciones en la mayoría de los casos, sin entrar en mayores honduras en cada caso concreto, obliga a los médicos a adoptar un espectro tan amplio de cautelas que el coste sanitario se dispara de modo inevitable.
Es imposible ir a políticas de contención, lograr que los médicos prescriban de modo estricto las exploraciones adecuadas para detectar un problema y que omitan otras pruebas complementarias, cuando no aparece nada que las aconseje eliminando el coste suplementario de exploración que entrañan.
No es fácil resolver este problema; pero si no se hace, el intento de contener el gasto en la Sanidad pública es un reto imposible para las autoridades, por buenas que sean sus intenciones.
