Los miopes

Fotografía de EFE

Hoy la bolsa española ha subido, como todas las bolsas, porque se ha publicado el dato de que el PIB ha crecido un 3,9 %en Alemania, el mayor registro de crecimiento desde la unificación.

En EEUU las noticias son halagüeñas, también. Ha reducido su déficit presupuestario, se han incrementado las ventas minoristas, han mejorado los resultados del sector manufacturero, se han mantenido o incrementado de forma moderada las ventas de automóviles y el turismo obtuvo resultados favorables en Richmond, Atlanta, Minneapolis, Kansas City y San Francisco. El sector inmobiliario no remonta y eso reduce los niveles de optimismo; pero ahí están los otros datos favorables que maneja la FED.

No son los datos alemanes, es obvio; pero llaman a la reflexión por un motivo:

USA y Alemania comparten un modelo de mercado laboral que, aunque distinto, comparte elementos comunes, de los que dos son llamativos: el principio irrenunciable de la lucha por el mantenimiento del empleo en etapas de crisis y la flexibilidad laboral.

¿A que llamo lucha por el mantenimiento del empleo? Un ejemplo: una empresa americana recibe un fuerte impacto de la crisis. Bajan de forma dramática las ventas de sus productos y debe reducir costes y volumen de producción para no acumular stocks sin salida y evitar gastos de producción, como es obvio.

¿Cómo puede lograr ajustar los costes? Debe gastar menos en salarios y debe disminuir el ritmo de producción: menos gastos en adquisición de materias primas para acometer una producción que no tiene salida en el mercado, menos gastos en consumos de energía y descenso de todo el coste del proceso.

Las alternativas son dos: despedir personal para reducir costes salariales, quedarse sólo con el personal indispensable para producir lo que está absorbiendo el mercado o negociar con su plantilla para efectuar ese ajuste sin despedir a nadie.

Lo primero que se estudia son las grandes cifras: cuánto hay que ahorrar en salarios y en costes de producción para ponerse a la capa y resistir sin grandes daños la fase más aguda de la depresión. 

Una vez que los cálculos muestran el alcance de las reducciones en gastos de salarios y el recorte en el número de horas destinadas a la fabricación, se pasa a las cuestiones de detalle, se analiza caso por caso el perfil de los empleados: si tienen hipoteca, si tienen hijos en distintas fases de escolarización... En fin, el conjunto de gastos que ha de afrontar de forma inevitable cada trabajador y se calculan, en función del sueldo que percibe cada uno, el nivel de recortes que puede afrontar sin sufrir un quebranto grave. No tiene la misma capacidad para afrontar un recorte quien gana 1.000 euros que quien gana 10.000.

Aplican los recortes más leves a los salarios más bajos y los más severos a los más altos. De forma complementaria, disponen un incremento del periodo vacacional obligatorio para todos los empleados. De este modo, rebajan el personal al nivel que necesitan para reducir la producción a los niveles adecuados.

Nadie es despedido. El cálculo de recortes está bien ajustado y el descenso en los ingresos es asumible con facilidad por los empleados, aplicando ajustes domésticos simples. A cambio, disfrutan un periodo vacacional mucho más amplio, que compensa las economías sobrevenidas, más cuando la otra alternativa era el despido en un marco de crisis galopante.

Tanto en EEUU como en Alemania, funcionan así. Los sindicatos tienen claro que lo importante es evitar los despidos, que es preferible un descenso en el salario para el empleado, que verse sin trabajo en momentos en que es difícil acceder a otro empleo. 

Hay flexibilidad en el mercado laboral, una oferta muy amplia de trabajo a tiempo parcial que permite que aquellos cuyas circunstancias personales convierten en imposible ajustarse a una jornada de ocho horas, encuentren empleo en trabajos que les ocupan dos o tres horas. Incluso hay un derecho por parte de los trabajadores a disfrutar de un número preestablecido de días en los que trabaja desde su casa, conectado mediante el ordenador que le proporciona la empresa al central y le permite desarrollar su trabajo con perfecta normalidad en días en los que amanece el niño con fiebre alta y necesitan quedarse en casa a cuidarlo; porque ha caído una nevada que ha colapsado las comunicaciones o por mil motivos más.

Ahora asistimos, entre atónitos y estupefactos, al sarao que está desarrollándose ante nuestros ojos con el intento de «pacto social» para aplicar las medidas de flexibilización del mercado laboral y la reforma de las pensiones. No hace falta ser experto en nada para entender que, si el marco previsible para el futuro es que los españoles vivan entre veinticinco y treinta años tras la jubilación, desde la perspectiva actual de nuestra economía y las posibilidades de crecimiento que cabe esperar de forma razonable, no es posible sostener el sistema de pensiones en un horizonte de quince o veinte años. 

Lo importante, lo que queremos quienes vemos que nuestros ingresos brutos sufren una disminución del 20, 30 o 48% con la aplicación de los impuestos, con la consiguiente merma de capacidad de ahorro para acumular un capital o invertir para obtener ingresos adicionales el día en que la jubilación reduzca de modo drástico nuestro nivel habitual, es que, al menos, nos garanticen que vamos a disfrutar de esa pensión que se nos prometió desde que accedimos al mercado laboral.

Si la solución es trabajar hasta los 67 años, por mucho que nos fastidie, no hay otra. La negativa cerril, sólo porque hay que abanderar una supuesta defensa de las cotas coronadas, es suicida y contraria a nuestros intereses. 

Además, todo son previsiones razonables. Quienes han trabajado en «planificación estratégica» de forma continuada tienen una experiencia demoledora: nunca se cumplen sus previsiones. Por grande que sea su esfuerzo para afinar, recabando todos los datos objetivos, matizándolos con todas las variables imaginables que puedan contemplar en ese momento, es imposible presentar un informe elaborado cinco años antes, no digamos ya diez o quince, en el que las previsiones que vaticinaron se hayan cumplido.

Por ese motivo, nuestra máxima aspiración es dibujar un escenario razonable de la situación que nos aguarda en cierto plazo y trabajar, producir, ahorrar y aplicarnos a la tarea de adoptar las medidas que hoy se muestran indispensables para que se cumplan las expectativas. Luego vendrá la realidad y nos sorprenderá con una mejora asombrosa de nuestras expectativas o un descalabro aplastante si vemos que el sistema ha saltado por los aires.

Sobran ejemplos del fracaso de los vaticinios. Según ellos, en este momento las reservas de petróleo y gas natural deberían de estar a punto de agotarse, el crecimiento de la población nos habría condenado a la hambruna hace décadas, el volumen de población de las ciudades las habría colapsado.

Aún así, todos estaríamos más tranquilos si Méndez y Toxo nos demostraran que han abandonado los modelos decimonónicos de la lucha de clases para abrazar el modelo sindical alemán o americano, regido por el principio de conservación sobre todas las cosas.

No es el caso; pero también es cierto que son tigres de papel, que sólo pueden imponerse mediante la violencia de sus piquetes salvajes y que sus servidumbres ante el poder son tantas y tan vergonzosas que todas sus acciones se limitarán a un paripé que, aunque no dejará de causar daños en momentos en los que resultan un lujo fuera de nuestro alcance, se limitarán a  una actuación testimonial que no tendrá trascendencia.

Aún así, duele que quienes tienen en bandeja la ocasión de pasar a la historia como los paladines de una renovación sindical que ayudaron a sortear una de las crisis más graves de la historia de España, opten por pasar a la posteridad como la imagen de los mastodontes anacrónicos que, en su incapacidad por evolucionar, fueron incapaces de colaborar en una política llamada a liberar a España de las deficiencias estructurales que gravaban su desarrollo y le impedían alcanzar los niveles de desarrollo y prosperidad que existían en su potencial como nación.

Gas Natural ficha a Felipe González

Ésta ha sido la noticia del día y su publicación ha abierto en los foros un debate sobre los sueldos y prebendas de los ex presidentes del gobierno.

Centremos la noticia: Todo presidente cesante tiene derecho a percibir un 80% del sueldo que percibía en la etapa anterior durante dos años. El sueldo del Presidente del Gobierno actual, aprobado en los PGE es de 91.982 distribuidos en doce mensualidades. Pasados esos dos años, percibirá una pensión vitalicia.

En el año 2008 se aprueba en los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a la pensión de los tres presidentes de la democracia: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González. Su cuantía era 360.620 €, lo que arroja una cantidad bruta de 120. 206 € para cada presidente. Se suma a esa cantidad la disponibilidad de un coche oficial, oficina con secretaria, asistente personal y seguridad a cargo del Estado. En el 2009 se congeló esa cantidad. En el año 2010 la Ley de Presupuestos rebaja esa partida a 270.470, debido a la muerte de Calvo-Sotelo.

Los comentaristas más sesudos, los importantes, los que tienen una clara conciencia de que son dueños de claves que los simples mortales no poseen, explican que es necesario, obligado retribuir los servicios y sacrificios de quienes presidieron el Gobierno asegurándoles una vida 'digna'. El pueblo llano, con la que está cayendo, trina contra estos privilegios.

Yo me acerco más a la postura de los segundos que a la de los primeros. Un presidente tiene un sueldo muy aceptable, teniendo en cuenta que todos los gastos: alojamiento, manutención, vestuario, desplazamientos, vacaciones, seguridad etc., corren a cargo de los Presupuestos. Es cierto que si son honrados, cargarán con los gastos que no están relacionados de forma directa con su trabajo; pero aún así, sus gastos serán muy bajos frente a sus ingresos, con lo que la mayor parte de su salario quedará intacto.

Luego, el ejercicio de su labor les proporciona el acceso a un campo de relación inmenso que les abre las puertas a una actividad profesional muy bien retribuida tras su paso por la política. Si no han sufrido salpicaduras ignominiosas y su gestión ha sido buena, un ex presidente es una pieza muy codiciada. Dispone de un abanico de contactos que suelen ser muy apreciados por las grandes empresas, que ganan imagen incorporando una autoridad que tiene abiertas puertas muy valiosas.

Aznar fue fichado por Murdoch, al margen de las conferencias y cursos que empezó a impartir en cuanto dejó la Presidencia. Vive dos meses al año en Estados Unidos, donde tiene relaciones de amistad con personalidades como Clinton o Bush, al igual que con Piñera y Uribe. 

Felipe González también tiene sus feudos. Es amigo personal y consejero de uno de los hombres más ricos del mundo: Carlos Slim, aunque es muy probable que los escándalos que salpicaron el final de su etapa hayan tenido un precio muy alto en la imagen exterior, puesto que una persona marcada por la corrupción y los GAL, aunque fuera cierto que estaba al margen y desconocía lo que estaba pasando, se presenta como  poco eficaz en el control de los equipos con los que trabaja, si no algo peor, con lo que no es aceptable para empresas de prestigio unir su imagen a la de una personalidad cuestionada.

Sin embargo, Felipe Gonzáles mantiene su prestigio en otros ámbitos en los que sigue siendo influyente: América del Sur, Marruecos, Argelia... y dispone de capacidad para acceder a las personalidades más relevantes de los estados en los que conserva su prestigio e influencia. En esa condición, Gas Natural, que tiene que desatascar su contrato de suministro con Argel, no puede elegir nadie mejor para resolver el problema.

La cuestión es: si su cargo les ha proporcionado una plataforma privilegiada para obtener altos ingresos (60.000 $ por conferencia en el caso de Aznar, cuentan las malas lenguas), entrar en consejos de administración con sueldos espléndidos y resolver su vida de forma más que satisfactoria, ¿por qué hemos de concederles una renta vitalicia que se suma a los otros ingresos?

Lo veo obligado en el caso de Suárez, aquejado de una enfermedad que le incapacita o en el caso de los otros si al final de su vida una mala racha, una desgracia sobrevenida o una suma de errores les dejara en una situación económica muy precaria; pero encuentro inaceptable que esa renta se otorgue de forma automática, tengamos que mantenerles de por vida entregándoles una cantidad mensual de 6.000 €, cuando la jubilación de una persona que haya estado cotizando por la cantidad máxima cuarenta años, no puede superar los 2.466 €.

Reconocer los servicios prestados y garantizar una vejez decorosa es una cosa y otra consentir que nuestros impuestos incrementen las rentas de quien tienen capacidad sobrada para obtener ingresos muy altos. Porque no olvidemos que no son solo los presidentes de gobierno. Hay que sumar Ministros, miembros de las Cámaras, algunos presidentes y cargos de autonomías... Al final, estamos manteniendo una cantidad ingente de pensionistas de oro, mientras los que aportamos el dinero que se necesita para abonar esas pensiones tenemos que arreglarnos, si somos muy afortunados, con 2.466 €.