De la crispación al miedo

La agresión a Pedro Alberto Cruz el pasado sábado cuando salía de su casa ha hecho correr ríos de tinta con las declaraciones de unos y otros. No deja de tener su gracia que los mismos que acusaron sin paliativos a Sarah Palin por la matanza de Tucson, pontifiquen hoy que es indecente atribuir al clima de crispación generado por la izquierda este hecho.

CCOO ha pedido que no se criminalice ni a la izquierda ni a las organzaciones sociales o sindicales por estos hechos, tras condenar con rotundidad el atentado sufrido por el consejero de Cultura. Otros sindicatos añaden que harán lo posible para cuidar de que sus legítimas reivindicaciones no den lugar a que personas violentas, que no tienen nada que ver con ellos, se aprovechen de la situación para actuar con violencia.

Tienen razón. Toda la razón. Cuando se producen tensiones sociales y se convocan manifestaciones, siempre habrá un violento o un grupo de ellos que ven el momento ideal para sumarse haciendo lo que les gusta: romper escaparates, destruir el mobiliario urbano, causar daños a empresas y entidades y el colmo de la felicidad: propinar alguna paliza.

Esas personas son responsables, los únicos responsables de esos actos. No hay vuelta de hoja.

Siendo esto cierto, está por darse la primera ocasión en la que el equipo de seguridad de una organización sindical, se encargue de fotografiar a los que ejecutan actos vandálicos aprovechando la ocasión, avisen a la policía y colaboren de forma activa con las fuerzas del orden y la Justicia para que esas personas reciban un escarmiento que les disuada, a ellos y a otros que puedan caer en la tentación de hacer lo mismo, para el futuro.

En segundo lugar, hay otra realidad, que no les es ajena por completo. El PP lleva gobernando doce años la Comunidad de Murcia y en cada convocatoria mejora sus resultados. Cuando el Gobierno de Valcárcel en cumplimiento de las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno central, aplica los recortes en los salarios de los funcionarios, empiezan las protestas de los sindicatos; pero lo que hace estallar el polvorín es un detalle que se localiza en las bitácoras que tienen los murcianos en Internet: el Gobierno de la Comunidad de Murcia decide aplicar un severo recorte en el número de liberados sindicales. ¡La madre del cordero! 

Ahí salen los sindicatos en estampida, a exhibir con esa maestría y gracia únicas de los sindicalistas sus estrategias de convicción. Hoy han retirado el seguimiento a los miembros del PP de la Comunidad, por lo que cuenta la prensa. Hasta ahora, todo acto público o privado en el que se contara con la presencia de alguno de los responsables políticos o de un miembro sobresaliente del PP, les convocaba 'todos a una', no sólo para abuchear e insultar, sino para el lanzamiento de objetos no contundentes pero sí desagradables como huevos o tomates. 

Habían amenazado al Presidente de la Comunidad de Murcia en al persona de su hija. No escatimaron aires de matones para intentar proteger sus derechos. 

No son responsables de la paliza. No lo son, insisto. Los únicos responsables son los que la ejecutaron.

Sin embargo son responsables de despreciar la ley, de irresponsabilidad política y comportamiento sectario, por cuanto las medidas que se han adoptado para ejecutar el plan de austeridad, de forma objetiva, son las que marcó el Gobierno Central a través de una ley aprobada en el Parlamento y un paquete adicional destinado a reducir costes sociales en época de grave crisis, recudiendo la carga que los empresarios soportan pagando sueldos a empleados que no desempeñan el trabajo para el que fueron contratados; porque están entregados en cuerpo y alma a su actividad sindical y hay que contratar otra persona para que haga lo que deberían hacer ellos.

Lo más grave no son esas responsabilidades, que no es poco.

Lo más grave es que el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Murcia se ha mantenido impasible, ha restado importancia una y otra vez a actuaciones que están tipificadas en el Código Penal, en un claro desprecio a la Ley.

Lo más grave es que el propio Gobierno de esta nación lleva casi siete años despreciando la ley, vulnerando la Constitución, amparando a quienes violaban la ley, negociando con terroristas, humillando a las víctimas, empapando a todos los españoles en el desprecio a la Ley, a las Instituciones, a la moral y los buenos usos ciudadanos.

El Gobierno ha instaurado durante siete años la impunidad, de forma consciente y deliberada, porque eso era lo que le beneficiaba: «necesitamos más crispación». 

Si eso era así cuando las encuestas eran favorables a sus intereses electorales, no quiero ni pensar en lo que puede ser necesario ante el panorama actual que ofrecen las encuestas. 

El paso siguiente a la crispación es el miedo. El miedo nace cuando el ciudadano se siente desamparado, cuando percibe que la agresión a su patrimonio, su persona o sus valores no va a recibir el amparo que le otorga la Ley, cuando esas vulneraciones interesan al Régimen para sus fines y todos los que no están con el poder están contra él. 

Y cuando se instaura el miedo, cuando el ciudadano percibe que está desamparado, que los otros tienen el poder de la fuerza y que el voto que emita para cambiar las cosas puede ser muy peligroso, porque el nuevo gobierno se encontrará ante la revuelta permanente, la manifestación por sistema, la crispación social cotidiana, puede optar por no votar y dejar que el destino se cumpla de modo inexorable. 

El día 17 de enero fue el cumpleaños de un gran humorista, Antonio Mingote. Cierro mi entrada con una viñeta suya que resume de forma magistral el futuro que nos espera. Felicidades, don Antonio.

Gas Natural ficha a Felipe González

Ésta ha sido la noticia del día y su publicación ha abierto en los foros un debate sobre los sueldos y prebendas de los ex presidentes del gobierno.

Centremos la noticia: Todo presidente cesante tiene derecho a percibir un 80% del sueldo que percibía en la etapa anterior durante dos años. El sueldo del Presidente del Gobierno actual, aprobado en los PGE es de 91.982 distribuidos en doce mensualidades. Pasados esos dos años, percibirá una pensión vitalicia.

En el año 2008 se aprueba en los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a la pensión de los tres presidentes de la democracia: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González. Su cuantía era 360.620 €, lo que arroja una cantidad bruta de 120. 206 € para cada presidente. Se suma a esa cantidad la disponibilidad de un coche oficial, oficina con secretaria, asistente personal y seguridad a cargo del Estado. En el 2009 se congeló esa cantidad. En el año 2010 la Ley de Presupuestos rebaja esa partida a 270.470, debido a la muerte de Calvo-Sotelo.

Los comentaristas más sesudos, los importantes, los que tienen una clara conciencia de que son dueños de claves que los simples mortales no poseen, explican que es necesario, obligado retribuir los servicios y sacrificios de quienes presidieron el Gobierno asegurándoles una vida 'digna'. El pueblo llano, con la que está cayendo, trina contra estos privilegios.

Yo me acerco más a la postura de los segundos que a la de los primeros. Un presidente tiene un sueldo muy aceptable, teniendo en cuenta que todos los gastos: alojamiento, manutención, vestuario, desplazamientos, vacaciones, seguridad etc., corren a cargo de los Presupuestos. Es cierto que si son honrados, cargarán con los gastos que no están relacionados de forma directa con su trabajo; pero aún así, sus gastos serán muy bajos frente a sus ingresos, con lo que la mayor parte de su salario quedará intacto.

Luego, el ejercicio de su labor les proporciona el acceso a un campo de relación inmenso que les abre las puertas a una actividad profesional muy bien retribuida tras su paso por la política. Si no han sufrido salpicaduras ignominiosas y su gestión ha sido buena, un ex presidente es una pieza muy codiciada. Dispone de un abanico de contactos que suelen ser muy apreciados por las grandes empresas, que ganan imagen incorporando una autoridad que tiene abiertas puertas muy valiosas.

Aznar fue fichado por Murdoch, al margen de las conferencias y cursos que empezó a impartir en cuanto dejó la Presidencia. Vive dos meses al año en Estados Unidos, donde tiene relaciones de amistad con personalidades como Clinton o Bush, al igual que con Piñera y Uribe. 

Felipe González también tiene sus feudos. Es amigo personal y consejero de uno de los hombres más ricos del mundo: Carlos Slim, aunque es muy probable que los escándalos que salpicaron el final de su etapa hayan tenido un precio muy alto en la imagen exterior, puesto que una persona marcada por la corrupción y los GAL, aunque fuera cierto que estaba al margen y desconocía lo que estaba pasando, se presenta como  poco eficaz en el control de los equipos con los que trabaja, si no algo peor, con lo que no es aceptable para empresas de prestigio unir su imagen a la de una personalidad cuestionada.

Sin embargo, Felipe Gonzáles mantiene su prestigio en otros ámbitos en los que sigue siendo influyente: América del Sur, Marruecos, Argelia... y dispone de capacidad para acceder a las personalidades más relevantes de los estados en los que conserva su prestigio e influencia. En esa condición, Gas Natural, que tiene que desatascar su contrato de suministro con Argel, no puede elegir nadie mejor para resolver el problema.

La cuestión es: si su cargo les ha proporcionado una plataforma privilegiada para obtener altos ingresos (60.000 $ por conferencia en el caso de Aznar, cuentan las malas lenguas), entrar en consejos de administración con sueldos espléndidos y resolver su vida de forma más que satisfactoria, ¿por qué hemos de concederles una renta vitalicia que se suma a los otros ingresos?

Lo veo obligado en el caso de Suárez, aquejado de una enfermedad que le incapacita o en el caso de los otros si al final de su vida una mala racha, una desgracia sobrevenida o una suma de errores les dejara en una situación económica muy precaria; pero encuentro inaceptable que esa renta se otorgue de forma automática, tengamos que mantenerles de por vida entregándoles una cantidad mensual de 6.000 €, cuando la jubilación de una persona que haya estado cotizando por la cantidad máxima cuarenta años, no puede superar los 2.466 €.

Reconocer los servicios prestados y garantizar una vejez decorosa es una cosa y otra consentir que nuestros impuestos incrementen las rentas de quien tienen capacidad sobrada para obtener ingresos muy altos. Porque no olvidemos que no son solo los presidentes de gobierno. Hay que sumar Ministros, miembros de las Cámaras, algunos presidentes y cargos de autonomías... Al final, estamos manteniendo una cantidad ingente de pensionistas de oro, mientras los que aportamos el dinero que se necesita para abonar esas pensiones tenemos que arreglarnos, si somos muy afortunados, con 2.466 €.