Entre los años '70 del siglo pasado, en especial a partir del '75, la presión de ETA sobre el empresariado vasco obligó a muchos vascos a abandonar su tierra y llevar sus industrias y negocios a lugares más seguros. Sumamos la profunda crisis económica que asoló España hasta el año '98 y tenemos una crisis industrial de gran calado. Ningún empresario invierte allí y es necesario recuperar el tejido industrial para sentar bases sólidas de prosperidad.
En el año '93, el Gobierno Vasco, con ánimo de solucionar ese problema, puso en marcha lo que se dio en llamar «vacaciones fiscales» para todas las empresas que se implantaran en su territorio, concediéndoles una exención del pago del impuesto de sociedades durante diez años, a la que suma el incentivo de la financiación del 45% de la inversión en activos fijos materiales nuevos y, desde 1995, la aplicación de una reducción gradual del impuesto de sociedades.
La gran perjudicada por esta medida fue la Rioja, que dada su cercanía geográfica al País Vasco y la magnífica red de comunicaciones que aún reduce más esa distancia, vio deslocalizadas muchas empresas y perdió inversiones adicionales, al calor de los incentivos que ofrecían sus vecinos.
En el año '94, la Cámara de Comercio, el propio Gobierno autonómico de la Rioja, incluso UGT y el Gobierno de Castilla y León, más adelante, presentaron un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea (actual Tribunal General de la UE) denunciando la ilegalidad de esa normativa contraria a lo establecido por la comunitaria, puesto que suponía ayudas estatales encubiertas al sector industrial, sin autorización previa de Europa.
El resultado fue que esa medida llevó trescientas empresas al País Vasco en condiciones privilegiadas respecto a las del resto de España, con lo que entraban en una competencia, además de ilegal, desleal.
En el año 2000, la UE incoa expediente contra la política fiscal del Gobierno Vasco. Se falla en 2001 declarando ilegales las medidas y ordenando al Gobierno de España que recuperara la totalidad de esas ayudas por su calidad de ilegales.
El Gobierno Vasco recurre esa resolución, aduciendo motivos tan peregrinos como que, puesto que la denuncia fue interpuesta en 1994 y desde 1995 no tenían ninguna noticia, consideran que ese silencio daba validez a las ayudas. Ese recurso suspende la obligación del Gobierno Español de recuperar las ayudas percibidas por las empresas.
En el año 2006, se dicta resolución desestimando esos recursos y el Gobierno Vasco apela ante el Tribunal de Justicia de la UE, reiterando sus alegaciones y añadiendo otras nuevas, pretendiendo que se le aplique la normativa específica para territorios insulares, como las Azores.
Hoy se ha conocido el fallo demoledor del TJUE, en el que, por supuesto, dice que no es aplicable al País Vasco el Régimen Especial; que no ha lugar a su alegación sobre la creencia de que el silencio de los investigadores era una señal favorable; puesto que la larga duración del proceso estuvo motivada por la resistencia a colaborar del propio Gobierno Vasco que puso todo tipo de resistencias y dilaciones a la remisión de los documentos que les solicitaba el órgano encargado de instruir el proceso administrativo posterior a la denuncia.
Lo peor de todo esto es que en el año 2006 disfrutábamos del Gobierno de Zapatero en todo su esplendor, que se colocó al lado del Gobierno Vasco sin fisuras, se negó a ejecutar la orden que se le daba a su Gobierno de recuperar las ayudas ilegales y ahora el TJUE, no sólo condena a las empresas a devolver el importe total de las ayudas, sino que condena a España por no hacer nada por recuperarlas a:
Pagar 236.044 € por cada día que transcurra entre hoy y el día en que acate la sentencia. Más 25.817 por cada día transcurrido desde diciembre de 2006. Hubo resoluciones sancionadoras contra España en 2007 y 2009 por el mismo motivo: que España no recuperaba el importe total de las ayudas.
Así que urge que los ciudadanos reclamemos al Gobierno Vasco y a los miembros del Ejecutivo español que, obligados a cumplir la resolución no lo hicieron, a que respondan personal y directamente con su patrimonio; porque sólo falta que quienes se vieron perjudicados por esta medida (La Rioja y Castilla-León, sobre todo) de forma directa y el resto de los españoles, de forma indirecta, tengamos que pagar las felonías perpetradas por nuestro Gobierno. Por soñar...
2 comentarios:
¿Y por qué la Justicia tolera estos incumplimientos? ¿Por qué esto no es suficientemente conocido? Gracias por aportarlo, Carmen
Saludos blogueros
Pues porque la Justicia Europeo no tiene órganos de ejecución, los tribunales españoles no son competentes para inmiscuirse en estos asuntos y, por supuesto, todos dan por hecho que el Gobierno de un país serio, acatará las resoluciones judiciales con celeridad y respeto.
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