Balada triste de la Justicia

Baltasar Garzón (Libertad Digital)

Hoy la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la causa seguida contra don Baltasar Garzón por las escuchas ordenadas en las comunicaciones de los imputados en el sumario 'Gurtel' con sus abogados. Ha fallado que incurrió en un delito de prevaricación y le ha condenado a once años de inhabilitación especial para el cargo de magistrado.

Son setenta páginas de sentencia, que merece la pena leer con detenimiento; porque recoge y aglutina toda la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo, como de otros tribunales europeos, donde se disecciona la importancia del respeto a los derechos fundamentales y en especial el derecho de defensa, como pieza clave de la salud del Ordenamiento Jurídico. Más que una sentencia, es un hermoso canto a la Justicia.

Aunque no sean expertos en derecho, no importa. El lenguaje es claro, no se pierde en tecnicismos y explica con toda claridad qué es lo que hizo mal Garzón y por qué consideran que su actuación no puede deberse, en ningún caso, a un error.

Hay mucha gente que opina que alguien se alegrará muchísimo, incluso brindará con champaña por esa condena. Puede que sea así; pero serán casos puntuales. Ha ganado el Estado de Derecho, sin ninguna duda; pero el panorama que muestra la sociedad dividida, muestra un drama inmenso en nuestra sociedad.

Por un lado, Garzón fue un símbolo de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Prestó grandes servicios a la Justicia y es muy doloroso que en determinado momento haya perdido esa visión clara que debe tener un juez: que él es un servidor de la Ley, su guardián, su garante y nunca puede usarla a su antojo, por nobles que sean sus sentimientos al violarla y altos sus fines.

Por otro lado, esto no debió pasar nunca. La Justicia debería estar dotada de recursos para atajar de cuajo estas situaciones. Tiene que haber un punto de equilibrio entre la independencia judicial y el freno a actuaciones arbitrarias, contrarias a Derecho y delatoras de una desviación inconveniente que perjudican a la Institución. No es de recibo que no se ataje una deriva y se aguante a la espera de que alguien, perjudicado por una tropelía, ponga una querella; porque en esa espera la institución sufrirá daños muy graves ante la opinión pública.

Es bueno que si un juez delinque en el ejercicio de su profesión sea tratado como cualquier otro ciudadano y se le aplique la Ley. Es malo que un país que se supone desarrollado, como España, se rasgue las vestiduras, se enfrente en banderías de simpatizantes y detractores cuando ocurre esto.

Es una muestra del daño que Garzón y otros jueces (no es el único) han venido haciendo a la Justicia. Es legítimo el desacuerdo y la crítica a una sentencia. Es impresentable que quienes no estén de acuerdo con ella, como ocurre en este caso, manifiesten su enfado atacando de modo personal a los siete magistrados que condenaron a su héroe, como lo harían los del otro bando, si le hubieran declarado inocente del delito.

Este triste asunto debería llevarnos a todos a una reflexión sobre el respeto a la Justicia y la importancia del respeto a las sentencias, que, insisto, no está reñido con la sana crítica o la manifestación de desacuerdo.

Cuando Dios cierra una puerta, deja abierta una ventana

Fotografía abc.es

La noticia del día es la resolución de la Audiencia Nacional sobre el 'Caso Faisán'. 

La cuestión que se debatía era si se trataba de un delito de colaboración con banda armada o simple revelación de secretos. En el primer caso, sería un delito de terrorismo y seguiría siendo competente la Audiencia Nacional. En el segundo caso, sería un delito común y sería enviado al Juzgado de Irún, lugar en el que se cometieron los hechos. 

¿Qué importancia jurídica tiene este problema de competencia? En términos objetivos, escasa, incluso favorable a la calificación como delito común.

Acabo de escribir una pequeña barbaridad y es obligado que me explique: Para empezar, los jueces de la Audiencia Nacional han demostrado menos preparación y competencia de la usual en la mayoría de los jueces de instancia e instrucción. En segundo lugar, lo relevante en este caso no es si fue colaboración con banda armada o revelación de secretos. Lo importante es saber quién fue el mando al más alto nivel que dio la orden porque no hay un solo policía en este país que haga alto así si no es por orden de lo alto de la cúpula de mando: un alto cargo del Ministerio. Por último, además de mejores juristas, los jueces de instancia son mucho más independientes que los de la Audiencia Nacional, con lo que es más fácil que se desvele esa clave si actúa la jurisdicción común, que si dirige un juez de la Audiencia Nacional.

Gran amante de los golpes de efecto, el Magistrado Bermúdez reunió al pleno (catorce jueces) para tomar la decisión. Tenían dos alternativas iniciales y una tercera imaginativa. La primera consistía en retener el asunto respaldando al Juez Ruz. La segunda, negar que existiera delito de colaboración con la organización terrorista y mandar a Irún el asunto (que se supone que era la opción preferida del Ministerio del Interior y del candidato con mando en plaza en el momento en que se produce el chivatazo) y una tercera: dilatar el asunto, tomar una decisión que no despeja la incógnita y les otorga plazo para aparcar el asunto. 

Optaron por esta última. Hay delito, sin duda, sentencian; pero no ven que haya piezas de convicción suficientes sobre la culpabilidad de los encausados, así que devuelven el asunto al instructor y le piden que investigue más.

A mí me gusta mucho esta decisión salomónica. Si el asunto durmió dos años en el cajón de Garzón, no pasa nada porque duerma tres meses o cuatro más. En apariencia beneficia a Rubalcaba, señalado como responsable último de la decisión; pero no le libera. Transcurrida la campaña y sin el PSOE en el Gobierno (como es previsible), presionando a los jueces, todo apunta a que la instrucción será mucho más relajada.

No es que postule que el PP sea más respetuoso con la separación de poderes (cosa que creo a título particular, que está en el «ADN» del conservadurismo un mayor respeto a las instituciones del Estado), solo creo que algo habrán aprendido en su etapa de Gobierno de Aznar y que ahora no tendrán tantos reparos en dejar que la Justicia siga su curso como ocurrió en la etapa de Aznar en la que nos quedamos sin saber quién era la X del GAL. 

Sin duda, el cambio de Gobierno dará mucha cancha, incluso insuflará ánimos al Juez Ruz para que pida todos los documentos, grabaciones, comparecencias de testigos... que necesite par cerrar la instrucción. Cuanto necesite, en suma, para aclarar con nitidez lo ocurrido.

Y eso es lo que quiero a título particular; porque aunque no tenga una simpatía especial por García Hidalgo, único implicado del que tengo impresiones nefastas como lacayo del PSOE, considero injusto e impresentable que se convierta, junto con sus compañeros, en único culpable de una decisión que le impusieron instancias superiores.

Es cierto que las normas eximen a los policías de sanciones si se niegan a acatar órdenes antijurídicas de las piezas más altas de la cadena de mando; pero eso es papel mojado; porque García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros, tienen una familia, cargas que no es necesario enumerar en el sostenimiento de los suyos, que les eximen de la obligación de comportarse como héroes. Junto al deber de rechazar órdenes del mando contrarias a la ética del servicio, está el temor reverencial. 

Si desobedecen, serán expulsados o postergados de tal modo que sufrirán un calvario durante mucho tiempo, antes de que los tribunales les den la razón. Para cuando llegue ese momento, pueden haber sido desahuciados, pueden haber tenido que suspender los gastos de la carrera de sus hijos en una Universidad, habrían afrontado un calvario que nadie está obligado a soportar cuando los ciudadanos, tras comprobar que el Gobierno se pasa por el forro las leyes, reafirma a los rufianes en sus cargos.

Su actuación se enmarca en la figura del temor reverencial: el miedo fundado a soportar una represalia grave e injusta de sus superiores, si contradicen sus criterios en defensa de lo que consideran justo. Nadie está obligado a ser héroe, menos si sabe que su gesto no tendrá reconocimiento ni reacciones solidarias en sus conciudadanos. Por eso me alegra esta decisión. 

No dudo de que el flexible Bermúdez haya maniobrado con astucia ante el eventual cambio de signo, evitando que se adoptara la decisión que menos gustaría a los nuevos amos; pero las miserias del personaje no impiden que, a expensas de conocer el texto de la resolución, vea con buenos ojos la vía que han abierto.

Me importan un rábano los miserables cálculos de «miniyó».  Lo que me importa es que se aclare por completo este gravísimo asunto y la resolución adoptada me parece (prima facie) la óptima, para que se haga justicia.

El juicio del 11M. en el que Bermúdez fue clave para condenar sin suficientes pruebas a una persona a una condena durísima, demuestra que se siente un dios, dueño de vidas y destinos humanos.

Cuando Dios cierra una puerta, abre siempre una ventana, reza el refrán católico. En este caso, dios no cerró la puerta y dejó abierta la ventana.

El Faisán y el Juez Pablo Ruz

Pablo Ruz. G. Arroyo (El Mundo)

Corría el año 2006, tiempo de negociaciones con ETA que nos sublevaban a muchos ciudadanos; también tiempos oscuros en los que se acercaba el juicio por los atentados del 11M, en los que se estaba poniendo en grave entredicho la independencia de los jueces.

En esos tiempos convulsos, quedamos sumidos en el estupor cuando supimos que había sido abortada una operación policial contra el aparato económico de ETA, debido a que se había producido un chivatazo que les había advertido de la redada que estaba programada en el Bar Faisán.

La información que ofreció la prensa apuntaba al Ministerio del Interior desde el primer momento. Ningún alto mando de la policía podía estar implicado en un asunto tan grave sin el visto bueno de los máximos responsables del Ministerio. El Juez Grande Marlaska no olvidó que en su día juró o prometió guardar y hacer guardar en todo tiempo la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcialmente la Justicia y cumplir sus deberes judiciales frente a todos y abrió diligencias para empezar a investigar lo ocurrido en el marco de una operación dirigida por él. 

El Juez Garzón volvió en poco tiempo de su aventura americana, sustituyó a Grande Marlaska y olvidó su juramento. Las actuaciones quedaron abandonadas y parecía que el asunto se pudriría en un cajón; pero habían sido excesivos los desmanes de Garzón y estaba desprestigiando de modo tan clamoroso al estamento al que pertenecía (no sólo él; pero nadie con tanta insolencia en el desprecio a la ley y tanta cobertura mediática a sus desmanes) que no hubo otra solución que aceptar a trámite las demandas presentadas contra él por actuaciones de extrema gravedad y separarle de su puesto en la AN.

Se nombró a Pablo Ruz, un juez joven, treinta y cuatro años, demasiado pocos en una carrera en la que la experiencia y la madurez son valores necesarios y para asombro de quienes pensamos que no se debía ni podía esperar que una persona que está en la recta inicial de su carrera se enfrente, nada menos, que al Señor Oscuro del Ministerio del Interior, sacó el asunto del cajón y lo llevó adelante.

En su último auto, el Juez decide sobre la prueba propuesta por las partes y ordena investigar varios teléfonos. Tres de ellos, pertenecen al Ministerio del Interior. Uno es fijo, los otros dos móviles. Se ha filtrado uno de ellos y podría haber sido utilizado por el número dos del Ministerio del Interior, Antonio Camacho. Ese número mantuvo frecuentes contactos con el entonces Director General de Policía, Víctor García Hidalgo, imputado en la causa.

No debería ser noticia ni causa de asombro, gratitud y admiración, que un juez haga su trabajo, investigue un delito de colaboración con banda armada y revelación de secretos. Sin embargo, la triste realidad es que hemos sido testigos de una pérdida tan preocupante de la independencia judicial, de actos de sumisión al poder tan escandalosos, que la actitud del Juez Ruz es una luz de esperanza y de reconciliación con la Justicia. 

Su Señoría es un pequeño David que no se enfrenta al gigante Goliat, sino, nada más y nada menos que a Saurón sin que, por ahora, sus jinetes negros, que sin duda le habrán visitado, hayan conseguido que el terror le obligue a violar su juramento. Ese es su gran mérito y por eso le debemos gratitud: porque el valor de todos y cada uno de los jueces es la salvaguarda de nuestros derechos y nuestra democracia.