Pablo Ruz. G. Arroyo (El Mundo)
Corría el año 2006, tiempo de negociaciones con ETA que nos sublevaban a muchos ciudadanos; también tiempos oscuros en los que se acercaba el juicio por los atentados del 11M, en los que se estaba poniendo en grave entredicho la independencia de los jueces.
En esos tiempos convulsos, quedamos sumidos en el estupor cuando supimos que había sido abortada una operación policial contra el aparato económico de ETA, debido a que se había producido un chivatazo que les había advertido de la redada que estaba programada en el Bar Faisán.
La información que ofreció la prensa apuntaba al Ministerio del Interior desde el primer momento. Ningún alto mando de la policía podía estar implicado en un asunto tan grave sin el visto bueno de los máximos responsables del Ministerio. El Juez Grande Marlaska no olvidó que en su día juró o prometió guardar y hacer guardar en todo tiempo la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcialmente la Justicia y cumplir sus deberes judiciales frente a todos y abrió diligencias para empezar a investigar lo ocurrido en el marco de una operación dirigida por él.
El Juez Garzón volvió en poco tiempo de su aventura americana, sustituyó a Grande Marlaska y olvidó su juramento. Las actuaciones quedaron abandonadas y parecía que el asunto se pudriría en un cajón; pero habían sido excesivos los desmanes de Garzón y estaba desprestigiando de modo tan clamoroso al estamento al que pertenecía (no sólo él; pero nadie con tanta insolencia en el desprecio a la ley y tanta cobertura mediática a sus desmanes) que no hubo otra solución que aceptar a trámite las demandas presentadas contra él por actuaciones de extrema gravedad y separarle de su puesto en la AN.
Se nombró a Pablo Ruz, un juez joven, treinta y cuatro años, demasiado pocos en una carrera en la que la experiencia y la madurez son valores necesarios y para asombro de quienes pensamos que no se debía ni podía esperar que una persona que está en la recta inicial de su carrera se enfrente, nada menos, que al Señor Oscuro del Ministerio del Interior, sacó el asunto del cajón y lo llevó adelante.
En su último auto, el Juez decide sobre la prueba propuesta por las partes y ordena investigar varios teléfonos. Tres de ellos, pertenecen al Ministerio del Interior. Uno es fijo, los otros dos móviles. Se ha filtrado uno de ellos y podría haber sido utilizado por el número dos del Ministerio del Interior, Antonio Camacho. Ese número mantuvo frecuentes contactos con el entonces Director General de Policía, Víctor García Hidalgo, imputado en la causa.
No debería ser noticia ni causa de asombro, gratitud y admiración, que un juez haga su trabajo, investigue un delito de colaboración con banda armada y revelación de secretos. Sin embargo, la triste realidad es que hemos sido testigos de una pérdida tan preocupante de la independencia judicial, de actos de sumisión al poder tan escandalosos, que la actitud del Juez Ruz es una luz de esperanza y de reconciliación con la Justicia.
Su Señoría es un pequeño David que no se enfrenta al gigante Goliat, sino, nada más y nada menos que a Saurón sin que, por ahora, sus jinetes negros, que sin duda le habrán visitado, hayan conseguido que el terror le obligue a violar su juramento. Ese es su gran mérito y por eso le debemos gratitud: porque el valor de todos y cada uno de los jueces es la salvaguarda de nuestros derechos y nuestra democracia.
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