20/1/12

Embarguemos a los políticos, señor Montoro



Antigua cárcel de Oviedo. (Fotografía Google Earth)


Don Cristóbal Montoro dio uno de los titulares del día de hoy en la prensa, al anunciar sanciones penales para los malos gestores políticos.

Ni que decir tiene que la idea gustó tan poco entre los miembros de la casta como mucho entre los ciudadanos de a pie.

Es muy larga la trayectoria de los políticos (por no remontarnos a los reyes) que han arruinado a un país y en España tenemos una larga experiencia de malos gobernantes que nos llevan a la ruina. 

Vamos a prescindir de las patochadas de Patxi López, por poner un ejemplo y centrarnos en la cuestión. Hoy sufrimos el desastre de obras faraónicas, de aeropuertos fantasmas, de obras públicas y edificios públicos que dispararon sus costes. Si lleváramos a los tribunales esos actos, aparte de una barrera que lo impide en este momento que mencionaré luego, en principio, las posibilidades de llevar a buen puerto la querella son escasas, salvo que se demostrara que el político se embolsó fondos públicos. 

Para promover el desarrollo o atraer turismo, un político tiene que poner en marcha ideas que apuesten por abrir canales favorables para la gestión privada. La idea puede salir bien o no; pero si el Gobierno de una Comunidad o de España, deciden invertir en un aeropuerto, encargan estudios de mercado y reciben informes que muestran un razonable índice de probabilidades de que el aeropuerto favorezca el desarrollo, atrayendo compañías, turistas, favoreciendo el comercio de la Comunidad con una flota de carga, por ejemplo, que transporte con ventaja sus productos, no podrá ser encausado por el hecho de que fallaran las previsiones. Ningún juez condenaría al Presidente de Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, por el aeropuerto de Ciudad Real. 

Sí existirían muchas posibilidades de encausar a políticos que donan grandes sumas a proyectos que en nada favorecen a nuestro país y no ofrecen un sesgo claro de luchar contra un azote como el hambre o las enfermedades en un área geopolítica concreta. Pienso, por ejemplo, en la famosa y reciente donación de la señora Jimenez para resolver los conflictos con los hipopótamos en Guinea Bisau por importe (en números redondos) de 300.000 €.

En cualquier circunstancia; pero más en las actuales, la lista de donaciones y la fecha en que se aprueban, presentan indicios muy razonables de malversación de caudales públicos. En este caso la querella podría prosperar.

¿Por qué no la he presentado ya? Porque hay una ley, la 30/92 que complica mucho las cosas. En la regulación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, se establece que todo daño que sufra un particular en sus bienes o derechos, que no se vea obligado a soportar por imperativo legal con motivo del funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública, genera una acción para él de resarcimiento y la Administración causante del daño estará obligado a indemnizarlo, incluyendo los daños morales, siempre que sea evaluable económicamente. Pero...

Están excluidos de la acción de responsabilidad los actos políticos y de gobierno

Y en virtud de esta norma, como el Ordenamiento Jurídico es único, los políticos no pueden ser demandados por los daños que causen, no sólo en la vía contencioso-administrativa, sino tampoco en la penal, cuando su actuación sea un acto político y de gobierno

¿Qué pretende Montoro? Dado que se ha elevado a rango constitucional la norma de respetar la Ley de Presupuestos, introduzcamos un artículo en la Ley de Transparencia que declare delito el incumplimiento de esa Ley. Luego se traslada ese precepto al Código Penal y a partir de ese momento, los políticos responderán, si se incurre en el tipo penal, cárcel para el manirroto.

Eso está muy bien; pero a mí me gustaría más que esa reforma alcanzara también la eliminación de la exclusión de los actos políticos y de gobierno en la 30/92; porque eso nos abriría, por ejemplo, un campo inmenso para fiscalizar las actuaciones políticas que incurran en desviación o abuso de poder, tan frecuentes en el anterior Gobierno.

Así pues, ojalá lo hagan y lo hagan pronto y bien, para poder demandar a Doña Trini, al señor Sebastián y al resto de la camarilla por los desmanes del final del ejercicio, la disposición rayana en lo ilegal de fondos que no tenemos; porque lo bueno de la RPAP es que aunque el Estado pague, se puede interponer una acción posterior de resarcimiento que obligue al causante del daño, cuando incurrió en negligencia o ilegalidad, a resarcir al Estado de lo pagado. 

¿No sería maravilloso embargar al anterior Gobierno?

2 comentarios:

jano dijo...

Carmen, sería maravilloso embargar al anterior gobierno y a cualquier gobierno que disponga de manera caprichosa y gravosa de los bienes públicos, pero me temo que con la ley citada por usted y la ausencia de ganas de modificarla por parte de todo el espectro político, la cosa quedará "pa prau" y sólo será un berrinche ocasional del señor Montoro. No olvidemos que en cuestión de privilegios toda la cámara de diputados está de acuerdo, independientemente del color que tengan.
En este país la palabra cárcel y dimisión no existen en el diccionario político, solamente en el diccionario de la RAE, que es el que manejamos el resto de los ciudadanos, porque muchos políticos ni siquiera saben que existe y los que lo saben de ese grupo, no sabrían buscar las palabrejas por orden alfabético sin el concurso de sus asesores.
Saludos, Carmen.

Carmen Quirós dijo...

Estamos de acuerdo, don Jano. Pero por pedir...

Saludos de retorno.