He de decir que el historial del Tribunal Constitucional no era favorable a esperar una sentencia jurídica ante el recurso interpuesto por el PP. Dado que el Estatuto de Cataluña fue un empeño personal del Presidente del Gobierno español temía que pasara como con tantas otras sentencias que habían tenido un fallo político, no jurídico.
Pido mis más sinceras excusas. No importa si debemos el resultado al estado de cosas actual, en el que los Tribunales perciben señales más que alarmantes de falta de prestigio ante la ciudadanía. No importa, tampoco, si debemos este fallo al hostigamiento que han sufrido por parte de las instituciones políticas. Lo han hecho y eso es lo importante.
Falta leer con calma la sentencia, porque sólo tenemos el fallo. Aún así, es suficiente para hacer una valoración inicial sobre la importancia de la decisión.
En primer lugar, rechaza la interpretación de nación dada por el texto en el preámbulo del Estatuto. En su momento, intentaban vendernos la mercancía averiada, diciendo que como estaba en el preámbulo no tiene importancia. Falso de toda falsedad. El preámbulo de una ley es la espina dorsal del texto, el que explica los principios que se regulan y el que traza los criterios interpretativos que han de utilizarse en su aplicación. Ha quedado claro que Cataluña es una nacionalidad, como el resto de las Comunidades y eso es muy importante.
Ha erradicado el principio de desigualdad que intentaban imponer los nacionalistas en materia fiscal. Ha eliminado la primacía del catalán y rechazado que sea obligatorio su uso en la Administración. Eso quiere decir que si no es obligatorio su uso en la Administración catalana, menos aún lo es en las instituciones del Estado, con lo que lo de los traductores de catalán en el Senado, empieza a sobrar.
Sentadas las bases de la inconstitucionalidad radical de catorce artículos, ha pasado a establecer que hay que matizar otra partida, nada desdeñable (treinta y cuatro, si no he contado mal), para que se ajusten en su interpretación a la legalidad constitucional.
No voy a juzgar si es mediocre o no como hacen algunos analistas; hasta que no tengamos la sentencia no sería justo ni honesto opinar sobre el trabajo del TC. Lo que sí puedo decir es que las reacciones de los miembros del Gobierno central y de los de Cataluña, son indignos de personas que ostentan puestos de representatividad política.
Me felicito por tener en las instancias judiciales hombres y mujeres que son capaces de soportar presiones como las que han sufrido los miembros del Tribunal y anteponer la Constitución a cualquier otra consideración. Nos han salvado de convertirnos irremediablemente en una república bananera y, ante esa realidad, sobra discutir si debieron darse más prisa o no. Bien está lo que bien acaba.
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