Nuestro Presidente nos ha aclarado el alcance real de su papel en la Historia. Dijo en un acto organizado por 'Tribuna Barcelona' celebrado en la capital catalana, que «su tarea traspasa elecciones», que no se hacía responsable de la sentencia del Tribunal Constitucional; pero sí de sus consecuencias y que va a sacar adelante el Estatuto «cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste».
Veamos: ¿Qué significa que su tarea traspasa elecciones? ¿Quiere decir que si es necesario, hará lo posible para que no se celebren elecciones generales hasta que no haya culminado su tarea? Seguro que no, que no es más que otra frase de las suyas, que no pasa de mera retórica, con lo que la respuesta es recordarle que existe 'fina y segura', que no traspasa.
En cuanto a su responsabilidad política es indiscutible. Fue él quien animó a las Cortes catalanas a elaborar un nuevo estatuto. Tras el Plan Ibarreche, a Cataluña ni se le ocurría pensar en eso. Fue el Presidente quien abrió la Caja de Pandora, quien prometió que aprobaría (¿Quién es él para aprobar nada? ¿Olvida que tenemos un Congreso, un Senado, independientes, en teoría y un Tribunal Constitucional, para los casos en los que no sean tan independientes las cámaras?) lo que aprobara el Parlamento de Cataluña.
Eso produjo efectos políticos, sin duda. Dio alas a los nacionalistas, puso una bomba de flotación en el principio de solidaridad entre las Comunidades; encrespó los ánimos de todos los españoles, catalanes y no catalanes; puso en solfa el prestigio del TC con una presión sobre él para que declarara constitucional el Estatuto, de forma tan descarada y obscena que aún recordamos todos la escena de la Emperatriz de Beneixida abroncando a la Presidenta del Tribunal Constitucional.
Y ahora dice que es responsable político de sacar adelante el Estatuto. O sea, tiene que darle más patadas a las instituciones más importantes de la Estructura del Estado. El Gobierno de España no puede declararse en ningún caso partidario de una política enfocada hacia una comunidad en detrimento de los derechos y los intereses de otras. No puede apoyar leyes autonómicas que retiren competencias fundamentales al Estado para entregarlas a las comunidades. No puede declarar públicamente que va a hacer lo imposible (porque es imposible que un Presidente de Gobierno haga lo que él dice que va a hacer) por burlar la sentencia.
1. La autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Es evidente que nuestro Presidente siente que está por encima de la Ley; pero la norma es clara. Su objetivo es impedir que se ejecute una resolución dictada por la autoridad judicial competente y si lo intenta, se arriesga a que alguien presente una querella en el Tribunal Supremo contra el Presidente del Gobierno, acompañada de la grabación de esa intervención.
Una Comunidad puede y debe preservar su identidad, ahondar en su historia, sus costumbres tradicionales, la conservación y preservación de sus señales identitarias, su folklore, su lengua vernácula, todo lo que quiera; pero sin utilizar esos elementos culturales como herramientas para fomentar formas de rebelión, incluso de racismo, contra los habitantes del resto de la nación; porque eso también está contemplado en el Código Penal.
Lo triste es que en este país, los primeros en evitar hacer cumplir la Ley son los Tribunales; porque si no fuera así, a estas horas Montilla, unos cuantos políticos catalanes y el Presidente del Gobierno, tendrían una causa abierta y el peso de la Ley planeando sobre sus cabezas.
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