Ésta ha sido la noticia del día y su publicación ha abierto en los foros un debate sobre los sueldos y prebendas de los ex presidentes del gobierno.
Centremos la noticia: Todo presidente cesante tiene derecho a percibir un 80% del sueldo que percibía en la etapa anterior durante dos años. El sueldo del Presidente del Gobierno actual, aprobado en los PGE es de 91.982 distribuidos en doce mensualidades. Pasados esos dos años, percibirá una pensión vitalicia.
En el año 2008 se aprueba en los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a la pensión de los tres presidentes de la democracia: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González. Su cuantía era 360.620 €, lo que arroja una cantidad bruta de 120. 206 € para cada presidente. Se suma a esa cantidad la disponibilidad de un coche oficial, oficina con secretaria, asistente personal y seguridad a cargo del Estado. En el 2009 se congeló esa cantidad. En el año 2010 la Ley de Presupuestos rebaja esa partida a 270.470, debido a la muerte de Calvo-Sotelo.
Los comentaristas más sesudos, los importantes, los que tienen una clara conciencia de que son dueños de claves que los simples mortales no poseen, explican que es necesario, obligado retribuir los servicios y sacrificios de quienes presidieron el Gobierno asegurándoles una vida 'digna'. El pueblo llano, con la que está cayendo, trina contra estos privilegios.
Yo me acerco más a la postura de los segundos que a la de los primeros. Un presidente tiene un sueldo muy aceptable, teniendo en cuenta que todos los gastos: alojamiento, manutención, vestuario, desplazamientos, vacaciones, seguridad etc., corren a cargo de los Presupuestos. Es cierto que si son honrados, cargarán con los gastos que no están relacionados de forma directa con su trabajo; pero aún así, sus gastos serán muy bajos frente a sus ingresos, con lo que la mayor parte de su salario quedará intacto.
Luego, el ejercicio de su labor les proporciona el acceso a un campo de relación inmenso que les abre las puertas a una actividad profesional muy bien retribuida tras su paso por la política. Si no han sufrido salpicaduras ignominiosas y su gestión ha sido buena, un ex presidente es una pieza muy codiciada. Dispone de un abanico de contactos que suelen ser muy apreciados por las grandes empresas, que ganan imagen incorporando una autoridad que tiene abiertas puertas muy valiosas.
Aznar fue fichado por Murdoch, al margen de las conferencias y cursos que empezó a impartir en cuanto dejó la Presidencia. Vive dos meses al año en Estados Unidos, donde tiene relaciones de amistad con personalidades como Clinton o Bush, al igual que con Piñera y Uribe.
Felipe González también tiene sus feudos. Es amigo personal y consejero de uno de los hombres más ricos del mundo: Carlos Slim, aunque es muy probable que los escándalos que salpicaron el final de su etapa hayan tenido un precio muy alto en la imagen exterior, puesto que una persona marcada por la corrupción y los GAL, aunque fuera cierto que estaba al margen y desconocía lo que estaba pasando, se presenta como poco eficaz en el control de los equipos con los que trabaja, si no algo peor, con lo que no es aceptable para empresas de prestigio unir su imagen a la de una personalidad cuestionada.
Sin embargo, Felipe Gonzáles mantiene su prestigio en otros ámbitos en los que sigue siendo influyente: América del Sur, Marruecos, Argelia... y dispone de capacidad para acceder a las personalidades más relevantes de los estados en los que conserva su prestigio e influencia. En esa condición, Gas Natural, que tiene que desatascar su contrato de suministro con Argel, no puede elegir nadie mejor para resolver el problema.
La cuestión es: si su cargo les ha proporcionado una plataforma privilegiada para obtener altos ingresos (60.000 $ por conferencia en el caso de Aznar, cuentan las malas lenguas), entrar en consejos de administración con sueldos espléndidos y resolver su vida de forma más que satisfactoria, ¿por qué hemos de concederles una renta vitalicia que se suma a los otros ingresos?
Lo veo obligado en el caso de Suárez, aquejado de una enfermedad que le incapacita o en el caso de los otros si al final de su vida una mala racha, una desgracia sobrevenida o una suma de errores les dejara en una situación económica muy precaria; pero encuentro inaceptable que esa renta se otorgue de forma automática, tengamos que mantenerles de por vida entregándoles una cantidad mensual de 6.000 €, cuando la jubilación de una persona que haya estado cotizando por la cantidad máxima cuarenta años, no puede superar los 2.466 €.
Reconocer los servicios prestados y garantizar una vejez decorosa es una cosa y otra consentir que nuestros impuestos incrementen las rentas de quien tienen capacidad sobrada para obtener ingresos muy altos. Porque no olvidemos que no son solo los presidentes de gobierno. Hay que sumar Ministros, miembros de las Cámaras, algunos presidentes y cargos de autonomías... Al final, estamos manteniendo una cantidad ingente de pensionistas de oro, mientras los que aportamos el dinero que se necesita para abonar esas pensiones tenemos que arreglarnos, si somos muy afortunados, con 2.466 €.
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