Bibiana Aído (elpais.com)
El Ministerio de Igualdad promulgó una ley de igualdad (sí, con minúsculas, no da para más) a instancias de una ministra cuyo único currículum la sitúa, de forma presunta, como experta en flamenco, cosa que está muy bien; pero no basta para dirigir la responsabilidad del Gobierno en un área política.
Gracias a esa lumbrera que nos iluminó a todos, en estos tiempos de tribulación, una empresa ha sido sancionada con una multa de 6.250 € por el Ministerio de Trabajo, porque publicó un anuncio en el que se ofrecía un puesto de trabajo como programador. ¿Increíble? ¿No ven motivo para la sanción? La ley Aído es el soporte de la sanción. Tenía que haber ofrecido un puesto de programador/a.
Lo mejor viene con la publicación de un informe del Tribunal de Cuentas en el que se analizan las del Ministerio de Igualdad entre los años 2008 y 2009. ¿Recuerdan aquello que decían sobre la supresión de ese ministerio, porque su presupuesto era el chocolate del loro?
Para empezar, en ese informe se muestra un incumplimiento flagrante de la ley de igualdad. En el año 2008 estaban adscritos a este ministerio 19 funcionarios. El 94,74% eran mujeres y el 5,26 hombres. El año 2009 se corrigió esa irregularidad: 80 % de mujeres, 20% de hombres.
El informe reseña asuntos mucho más graves. Por ejemplo: El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, no celebró las reuniones establecidas en su reglamento, lo que, a juicio del Tribunal de Cuentas podía afectar a su función como órgano de asesoramiento y evaluación. Traducido al román palatino: el Observatorio no funcionó.
En cuanto a los casos de seguimiento en los casos de la violencia de género, no se determinó el número exacto de dispositivos a suministrar, provocando entre otras cosas, una indefinición del contenido del contrato con el suministrador de esos dispositivos. Es decir las mujeres maltratadas no recibieron los dispositivos necesarios para su protección.
Lo de los contratos es lo más interesante. Todo órgano de la A.P. que necesite contratar suministros, adquisiciones de bienes o servicios externos, debe publicar la oferta, para que todas las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas y el órgano, en este caso el Ministerio, las estudiará y adjudicará el contrato a aquella o aquellas que ofrezcan mejores condiciones. Se puede saltar este requisito en caso de que la urgencia sea grave, se justifique de forma cumplida o en el caso de que se trate de contratos de una cuantía que no supere los 12.020 o los 20.880 €.
En el año 2008 Igualdad adjudica por el procedimiento de urgencia y sin acreditar la existencia de ese hecho, dos contratos por un valor conjunto de 5,5 millones de euros, adjudicados ambos a la misma empresa.
A lo largo de 2008 los «contratos menores» ascendieron al 90,12 % del total de contratos, lo que apunta, en opinión del Tribunal de Cuentas a una estrategia de fragmentación de los contratos para escapar del trámite de transparencia y publicidad. Hay tres expedientes que debieron pasar por el Consejo de Ministros, no se siguió ese trámite y se recurrió a la adjudicación negociada y directa.
Hay muchas más anomalías; pero queda claro que el Ministerio de Igualdad estuvo presidido por la ineficacia, la corruptela y la desvergüenza. Y gracias a esa nefasta ministra, hoy los empresarios son multados con holgura por pedir programadores y no porgramadores/as. ¿Y si piden pediatras o telefonistas?
Agencia EFE
Hablando de desvergüenza, la visita de Mas a Zapatero ha traído cola. Al margen de obligar, ante el levantamiento de los presidentes de las CA, a dar marcha atrás, aplicar el mismo trato a todas las Comunidades y afirmar que esa súbita autorización no es una rectificación, los Mercados ya han reaccionado. La prima de riesgo que estaba en 177 puntos ha subido hoy a 200.
La otrora elegante y cosmopolita Cataluña es hoy un bochinche regentado por una banda de aldeanos. Mejor, de payeses, por lo del hecho diferencial.
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