La agresión a Pedro Alberto Cruz el pasado sábado cuando salía de su casa ha hecho correr ríos de tinta con las declaraciones de unos y otros. No deja de tener su gracia que los mismos que acusaron sin paliativos a Sarah Palin por la matanza de Tucson, pontifiquen hoy que es indecente atribuir al clima de crispación generado por la izquierda este hecho.
CCOO ha pedido que no se criminalice ni a la izquierda ni a las organzaciones sociales o sindicales por estos hechos, tras condenar con rotundidad el atentado sufrido por el consejero de Cultura. Otros sindicatos añaden que harán lo posible para cuidar de que sus legítimas reivindicaciones no den lugar a que personas violentas, que no tienen nada que ver con ellos, se aprovechen de la situación para actuar con violencia.
Tienen razón. Toda la razón. Cuando se producen tensiones sociales y se convocan manifestaciones, siempre habrá un violento o un grupo de ellos que ven el momento ideal para sumarse haciendo lo que les gusta: romper escaparates, destruir el mobiliario urbano, causar daños a empresas y entidades y el colmo de la felicidad: propinar alguna paliza.
Esas personas son responsables, los únicos responsables de esos actos. No hay vuelta de hoja.
Siendo esto cierto, está por darse la primera ocasión en la que el equipo de seguridad de una organización sindical, se encargue de fotografiar a los que ejecutan actos vandálicos aprovechando la ocasión, avisen a la policía y colaboren de forma activa con las fuerzas del orden y la Justicia para que esas personas reciban un escarmiento que les disuada, a ellos y a otros que puedan caer en la tentación de hacer lo mismo, para el futuro.
En segundo lugar, hay otra realidad, que no les es ajena por completo. El PP lleva gobernando doce años la Comunidad de Murcia y en cada convocatoria mejora sus resultados. Cuando el Gobierno de Valcárcel en cumplimiento de las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno central, aplica los recortes en los salarios de los funcionarios, empiezan las protestas de los sindicatos; pero lo que hace estallar el polvorín es un detalle que se localiza en las bitácoras que tienen los murcianos en Internet: el Gobierno de la Comunidad de Murcia decide aplicar un severo recorte en el número de liberados sindicales. ¡La madre del cordero!
Ahí salen los sindicatos en estampida, a exhibir con esa maestría y gracia únicas de los sindicalistas sus estrategias de convicción. Hoy han retirado el seguimiento a los miembros del PP de la Comunidad, por lo que cuenta la prensa. Hasta ahora, todo acto público o privado en el que se contara con la presencia de alguno de los responsables políticos o de un miembro sobresaliente del PP, les convocaba 'todos a una', no sólo para abuchear e insultar, sino para el lanzamiento de objetos no contundentes pero sí desagradables como huevos o tomates.
Habían amenazado al Presidente de la Comunidad de Murcia en al persona de su hija. No escatimaron aires de matones para intentar proteger sus derechos.
No son responsables de la paliza. No lo son, insisto. Los únicos responsables son los que la ejecutaron.
Sin embargo son responsables de despreciar la ley, de irresponsabilidad política y comportamiento sectario, por cuanto las medidas que se han adoptado para ejecutar el plan de austeridad, de forma objetiva, son las que marcó el Gobierno Central a través de una ley aprobada en el Parlamento y un paquete adicional destinado a reducir costes sociales en época de grave crisis, recudiendo la carga que los empresarios soportan pagando sueldos a empleados que no desempeñan el trabajo para el que fueron contratados; porque están entregados en cuerpo y alma a su actividad sindical y hay que contratar otra persona para que haga lo que deberían hacer ellos.
Lo más grave no son esas responsabilidades, que no es poco.
Lo más grave es que el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Murcia se ha mantenido impasible, ha restado importancia una y otra vez a actuaciones que están tipificadas en el Código Penal, en un claro desprecio a la Ley.
Lo más grave es que el propio Gobierno de esta nación lleva casi siete años despreciando la ley, vulnerando la Constitución, amparando a quienes violaban la ley, negociando con terroristas, humillando a las víctimas, empapando a todos los españoles en el desprecio a la Ley, a las Instituciones, a la moral y los buenos usos ciudadanos.
El Gobierno ha instaurado durante siete años la impunidad, de forma consciente y deliberada, porque eso era lo que le beneficiaba: «necesitamos más crispación».
Si eso era así cuando las encuestas eran favorables a sus intereses electorales, no quiero ni pensar en lo que puede ser necesario ante el panorama actual que ofrecen las encuestas.
El paso siguiente a la crispación es el miedo. El miedo nace cuando el ciudadano se siente desamparado, cuando percibe que la agresión a su patrimonio, su persona o sus valores no va a recibir el amparo que le otorga la Ley, cuando esas vulneraciones interesan al Régimen para sus fines y todos los que no están con el poder están contra él.
Y cuando se instaura el miedo, cuando el ciudadano percibe que está desamparado, que los otros tienen el poder de la fuerza y que el voto que emita para cambiar las cosas puede ser muy peligroso, porque el nuevo gobierno se encontrará ante la revuelta permanente, la manifestación por sistema, la crispación social cotidiana, puede optar por no votar y dejar que el destino se cumpla de modo inexorable.
El día 17 de enero fue el cumpleaños de un gran humorista, Antonio Mingote. Cierro mi entrada con una viñeta suya que resume de forma magistral el futuro que nos espera. Felicidades, don Antonio.
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